"Matazetas", grupo paramilitar

La gravedad de las acciones de terror psicológico que cometieron los autodenominados “Matazetas” frente a los responsables de la administración y procuración de justicia del país, desconcertó a la administración federal que cada vez tiene menos conocimiento del territorio enemigo que pisa en esta estúpida guerra irregular. Alejandra Sota Mirafuentes, la portavoz de seguridad de la gestión de Calderón, fue mandada a negar que los “Matazetas” sean un grupo paramilitar y a señalar que no tienen indicios del surgimiento de grupos paramilitares o escuadrones de la muerte. Para la funcionaria y su jefe, los “Matazetas” “son delincuentes que pertenecen a un grupo criminal que quiere apoderarse del control de las actividades criminales de otro grupo”.

Sota Mirafuentes advirtió que “los grupos criminales van a ser combatidos por el Estado como cualquier grupo criminal, y el fenómeno que se vive en Veracruz es un fenómeno de rivalidad entre grupos delincuenciales y como tales deben ser combatidos”. Ya encarrerada, aseguró que “toda organización que actúa al margen de la ley, como ya lo hemos dicho, mediante acciones reprobables como el homicidio, la extorsión o el secuestro, va a ser sometida y presentada ante la justicia”.

La estrategia seguida hasta el momento parece encaminarse no a brindar seguridad a la población y poner fin a la violencia, sino todo lo contrario, es decir, seguir escalando la violencia y sembrando el miedo entre la población con propósito de empoderar al Cártel de Sinaloa y a “El Chapo” Guzmán. No obstante muchos gobiernos estatales no parecen comulgar con esta idea y se niegan a respaldarla. De ahí que el secretario de Gobernación, Francisco Blake, no pierda oportunidad para demandarle a los gobernadores que apoyen las acciones de la Federación y asuman la responsabilidad de atacar las bandas delictivas que trascienden países.

Durante la XXIX Conferencia de Gobernadores que se realizó este jueves en Ensenada, Baja California, Blake resaltó también que el tema de las armas “si es un factor fundamental de la cooperación internacional para poner frenos a esa criminalidad”. El funcionario solicitó a la mandataria de Nuevo México, Susana Martínez, así como a los representantes de California, Texas y Arizona, que busquen soluciones para agilizar el cruce legal de personas y mercancías a Estados Unidos. Sostuvo que la inseguridad derivada de las actividades criminales, las cuales tienen “alcances trasnacionales”, es la principal prioridad del gobierno federal y requiere la cooperación de todas las naciones.

A su vez, en la reunión a la que asistieron los gobernadores de Chihuahua, Sonora y Baja California, César Duarte, Guillermo Padrés y José Guadalupe Osuna Millán, respectivamente, el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, admitió que el enemigo común es la delincuencia trasnacional, y reconoció que los grupos criminales tienen capacidad de fuego y operación. De parte de Estados Unidos sólo asistió la gobernadora Susana Martínez y representantes de California, Texas y Arizona.

Los gobernadores mexicanos fronterizos solicitaron al gobierno de Barack Obama que ejerza mayor control en la venta de armas de fuego a sus ciudadanos a través de registros para determinar compras masivas. Uno de los principales temas planteados durante la segunda jornada de la XXIX Conferencia de Gobernadores México-Estados Unidos fue elaborar un estudio sobre tráfico de armas y explosivos en la frontera común que permita establecer estrategias para el combate de ese ilícito. Como un tema de prioridad inmediata fue abordado lo relacionado a la seguridad de la región fronteriza, por lo que se propuso impulsar la operación de centros binacionales para el intercambio de información criminal que permita a los policías locales compartir datos acerca de órdenes de aprehensión y robo de autos.

Antes, en Estados Unidos, durante una entrevista con la cadena de noticias CNN, el sheriff del condado de Pinal, en Arizona, Paul Babeu, sostuvo que Estados Unidos puso armas en manos de cárteles ocupados en derrocar al gobierno mexicano con la operación “Rápido y Furioso”. Dijo que nunca se había hecho un operativo semejante y consideró que no se contaba con la capacidad suficiente para dar seguimiento a las armas. Babeu aseguró que las armas se han utilizado en más de 200 asesinatos y dijo que los agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) son cómplices de homicidio. El sheriff acusó que la operación fue una decisión de Eric Holder, el fiscal general.

Sobre ese operativo, el periódico estadounidense Los Angeles Times publicó que un cargamento de 40 armas y chalecos antibalas descubierto en El Paso, Texas, en enero de 2010, formaba parte de aquellas cuya pista se evaporó en el fallido operativo “Rápido y Furioso”. De acuerdo con un documento de ATF citado por el diario, Christopher Sean Steward, un delincuente que ya había sido condenado por posesión de drogas,  compró un cargamento compuesto por 40 rifles de asalto AK-47 el 24 de diciembre de 2009, de la tienda Lone Woflf Trading Co., en Glendale, un suburbio de Phoenix. En enero pasado, Steward y otros 19 individuos fueron acusados en el único caso criminal derivado de “Rápido y Furioso”, el fallido operativo orquestado en 2009 por la ATF con el fin de rastrear miles de armas que terminaron en manos del crimen organizado.